Glossae

POLÍTICA DELIBERATIVA Y DISCURSO PARLAMENTARIO

Posted in En línea by Marcelo Columba on 05/07/2013

Palacio_legislativo_XIX-La paz en el siglo XIX_Coleccion Bicentenario_tomo_3-Santillana_2009-v2Aproximaciones al debate sobre Unitarismo y Federalismo en la Asamblea Nacional Boliviana de 1871

Juan Marcelo Columba Fernández[1]

Introducción

Los estrechos vínculos entre la génesis del Derecho, la legitimidad de las normas y el proceso comunicativo inscrito en el ámbito legislativo, llevan a Jürgen Habermas a desarrollar el concepto de “política deliberativa” como un valioso instrumento de análisis de la racionalidad discursiva que valida la producción legal.

El presente ensayo procura acercarse a la concepción de “política deliberativa” haciendo especial énfasis en su característica procedimental comunicativa, en particular, destacando las formas argumentativas y la racionalidad discursiva presentes en este procedimiento democrático, como elementos fundadores de la legitimidad normativa.

En este entendido, mediante la perspectiva procedimental formulada por Habermas, se presenta una breve aproximación a la racionalidad discursiva y fundadora de la norma en el caso del debate sobre la permanencia del unitarismo o la adopción del federalismo en el ordenamiento legal boliviano, en el marco de la Asamblea Nacional de 1871.

La revisión de fragmentos de las discusiones llevadas acabo en la instancia formal de deliberación estudiada, permiten reconstruir la racionalidad discursiva que validó la persistencia del ordenamiento jurídico unitarista en la argumentación de los representantes políticos considerados.

Política deliberativa como procedimiento comunicativo democrático

La concepción procedimental de la política deliberativa en democracia corresponde al planteamiento del sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas quien, al cuestionarse sobre la fuente de la legitimidad de las normas y del derecho, proyecta su análisis hacia la instancia legislativa con especial énfasis en sus mecanismos comunicativos y argumentativos de deliberación, los cuales habrían de generar una razón procedimental legítima que organizaría políticamente la sociedad:

La cuestión de las condiciones de una génesis del derecho que resulte eficaz en lo que respecta a legitimación, hizo que del amplio espectro de los procesos políticos quedase en primer plano el fragmento que representa la política legislativa. Desde el ángulo de mira de la teoría del derecho he descrito ésta como un proceso que viene diferenciado según formas de argumentación y que incluye negociaciones. En las exigentes condiciones procedimentales y presuposiciones comunicativas, de las que depende la producción legítima del derecho, la razón ponedora de normas y examinadora de normas cobra una forma procedimental.[2]

Esta concepción permite afirmar a Habermas que la política deliberativa, entendida como procedimiento comunicativo, constituye “la pieza nuclear del proceso democrático”[3]. Este procedimiento democrático –bajo condiciones de un adecuado flujo de información, reglas discursivas y formas argumentativas– estaría validado por la producción de una racionalidad operativa de entendimiento y organización social:

Este procedimiento democrático establece una conexión interna entre las consideraciones pragmáticas, los compromisos, los discursos de autoentendimiento y los discursos relativos a justicia y fundamenta la presunción de que bajo las condiciones de un suficiente suministro de información relativa a los problemas de que se trate y de una elaboración de esa información, ajustada a la realidad de esos problemas, se consiguen resultados racionales, o, respectivamente resultados fair. Conforme a esta concepción, la razón práctica se retrae (…) en esas reglas del discurso y formas de argumentación que toman su contenido normativo de la base de validez de la acción orientada al entendimiento (…)[4]

La perspectiva discursiva asumida por Habermas en torno al proceso democrático, plantea la centralidad de la formación de la opinión pública y la voluntad política. En este entendido, el Estado de derecho institucionalizaría procedimientos comunicativos formales y mecanismos de interacción entre la deliberación institucional y las opiniones públicas informales, generando un entendimiento entre instancias colectivas mediante una red democrática de comunicación y racionalización dentro y fuera del parlamento; de ello resultaría un poder comunicativo legítimo susceptible de legalización y de aplicación en la gestión pública:

La teoría del discurso (…) pone en el centro el proceso de formación de la opinión y la voluntad políticas (…) los principios del Estado de derecho los entiende, como ya hemos demostrado, como respuesta consecuente a la cuestión de cómo pueden institucionalizarse las exigentes formas de comunicación de una formación democrática de la opinión y la voluntad políticas (…) Estas comunicaciones, no atribuibles a ningún sujeto global, que se producen dentro y fuera del complejo parlamentario y de sus órganos programados para tomar resoluciones, constituyen ámbitos públicos en los que puede tener lugar una formación más o menos racional de la opinión y de la voluntad acerca de materias relevantes para la sociedad (… )[5]

Para Habermas el procedimiento democrático, que institucionaliza discursos y negociaciones mediante formas comunicativas racionalizadoras, se caracterizaría según postulados referentes a su naturaleza argumentativa e inclusiva, exenta de coerciones y orientada a un acuerdo racional sobre temas de interés general; esto sin perder de vista las deliberaciones democráticas en espacios públicos formales e informales:

(a) Las deliberaciones se efectúan en forma argumentativa, es decir, mediante el intercambio regulado de informaciones y razones (…) (b) Las deliberaciones son inclusivas y públicas (…) (c) Las deliberaciones están exentas de coerciones externas (…) (d) Las deliberaciones están exentas de coerciones internas (…) (e) Las deliberaciones se enderezan en general a alcanzar un acuerdo racionalmente motivado (…) (f) Las deliberaciones políticas se extienden a la totalidad de materias que pueden regularse en interés de todos (…) (g) Las deliberaciones políticas se extienden también a la interpretación de necesidades y al cambio de actitudes y preferencias prepolíticas.[6]

El planteamiento de la política deliberativa, entendida en su dimensión procedimental democrática, permite destacar la dinámica comunicativa en la generación y legitimación de normas al interior del ámbito político. La institucionalización de estos procedimientos comunicativos encuentra en el parlamento un espacio central  para la deliberación formal democrática; un espacio fundador de una racionalidad pública legitimadora de las normas y decisiones en torno al futuro de la colectividad, mediante procedimientos discursivo-argumentativos.

El siguiente apartado se aproxima a algunos argumentos centrales en la racionalidad discursiva que legitimó el orden unitarista boliviano, en contraposición a la propuesta federalista, durante la segunda mitad del siglo XIX. Estas formas argumentativas enmarcadas en un ámbito formal de institucionalización de procedimientos comunicativos democráticos, se materializan en el discurso parlamentario caracterizado como aquel producido en un espacio de debate y producción legislativa[7].

Discurso parlamentario: Unitarismo y Federalismo en la Asamblea Nacional Boliviana de 1871[8]

Los debates parlamentarios[9] en torno a la organización política de Bolivia cobraron singular importancia en la segunda mitad del siglo XX. Después de derrocar al general Mariano Melgarejo en 1871, Agustín Morales asume la presidencia del país y convoca a una Asamblea General Nacional que se instalaría el 18 de junio y en la que participarían destacados jurisconsultos y representantes electos[10]. El debate sobre la propuesta de sustitución del sistema unitario por el federal comenzaría el 28 de agosto y duraría catorce sesiones, votándose finalmente en sentido favorable al sistema unitario; el análisis y debate institucional fue llevado a cabo, entre otras renombradas personalidades, por tribunos de la talla de Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle quienes encabezarían las discusiones sobre la materia[11].

Mendoza de la Tapia defendía el planteamiento de administración federal del país en vistas a una estabilidad y progreso que no habrían sido posibles debido al principio unitarista plasmado en el ordenamiento legal boliviano. Para Mendoza de la Tapia la constante inestabilidad y ineficacia normativa en Bolivia no se debía a los eventuales administradores del país, sino al fundamento unitarista presente en las diferentes constituciones e instituciones estatales:

Ninguna república (…) habrá hecho más constituciones que la nuestra (…) unas han sido tirantes y otras han sido liberales (…) todas ellas han encerrado en su seno algún vicio radical, algún germen común de destrucción (…) no se puede suponer que todos nuestros estadistas hayan sido perversos (…) el principio corrosivo ha estado en el fondo mismo de nuestras instituciones y no puede ser otro que el principio unitario que ha sido el alma de todas ellas. Esta no es un simple conjetura, es una verdad comparada con la experiencia constante de cerca de medio siglo (…)[12]

La propuesta federalista enunciada garantizaba la unidad nacional y la eficiencia en la administración del país, pues la separación de dos ámbitos de gobierno – local y general – no permitiría la escisión, sino una mejor gestión de los intereses regionales como también de los nacionales; se generaría, así, una suerte de patriotismo localista nacido en la atención eficiente de las demandas particulares y, a su vez, se aliviaba de pesadas tareas al gobierno nacional:

Este gobierno lejos de romper la unidad nacional, la fortifica desarrollando y fortificando el sentimiento de la patria, que tiene su raíz en el patriotismo de campanario (…) La soberanía local de los departamentos o estados, no los autoriza para separarse de la unión nacional, sino tan sólo para dirigir y gobernar su respectiva localidad sin intervención del gobierno general. (…) Exonerar al gobierno general de ese cúmulo de atenciones que hoy pesa sobre sus hombros (…) es el único objeto del sistema federativo (…) ¿Quién pondrá mayor esmero en las vías de comunicación vecinal que los mismos vecinos que las frecuentan día y noche?[13]

Por su parte, la oposición a la propuesta federalista enunciada por la enérgica retórica de Valle defendería y legitimaría el unitarismo mediante una argumentación orientada a refutar las aseveraciones de Mendoza de la Tapia sobre la causa de los problemas de debilidad e inestabilidad constitucional; la racionalidad discursiva de Valle insistía en que la ineficacia legal en el país no residía en las instituciones y leyes sino en el carácter y hábitos  perniciosos, resultantes de la humillación colonial española, de los habitantes de estas tierras:

La América Española ha sido educada bajo el más duro y vil coloniaje de la España. La degradación fue el tipo que se imprimió sobre nuestras razas (…) Una raza degradada (…) ha adquirido los vicios consiguientes a la licencia más bien que a la libertad (…) Verdad es que hemos mudado, como dice el señor La Tapia, desde la constitución más liberal hasta la más tirante, y que ninguna ha dado un buen resultado; pero ha olvidado decir que no hemos mudado de hombres, porque aunque han pasado tres generaciones desde la fundación de la República, éstas, lejos de mejorar, han empeorado de costumbres (…)[14]

Asimismo, en relación a la mejor gestión del país postulada por la enunciación federalista, la argumentación a favor del unitarismo ponía en duda la viabilidad administrativa descentralizada ante la ausencia de datos de tipo estadístico sobre los recursos disponibles y los egresos significativos que implicaría, a manera de réplica del unitarismo vigente, el establecimiento burocrático y administrativo de los Estados en el modelo federal; pero sobre todo poniendo en primer plano el fracaso que podría significar una temprana implementación de la organización federalista:

Se dice que en el gobierno federal serán mejor conducidos y manejados los intereses fiscales, mejor atendidos los caminos y demás obras públicas. Pero este raciocinio parte de un falso supuesto, y es el de creer que con la federación habrán grandes sobrantes (…) lo que necesita probarse de contrario, no con argumentos sino con demostraciones numéricas… Lejos, pues, yo de creer que haya ahorros, creo que se duplican los gastos; porque en la organización política de cada Estado, hay que dotar a los representantes (…) El bien señores, no se consigue en un día; todo viene lenta y gradualmente (…) este es el momento menos oportuno para plantear la federación (…)[15]

Las razones esgrimidas por los proponentes y los oponentes plantean una racionalidad discursivo-argumentativa y dialógica fundadora de un orden normativo que gravita en torno a cuestiones como la ineficacia constitucional que habría caracterizado al país desde su fundación y la adecuada gestión pública atribuida a los modelos de organización política centralizado y descentralizado, entre varias otras materias que habrían formado parte de las ideas circulantes en el ámbito público y discutidas en la Asamblea Nacional de 1871 que finalmente optó por mantener el sistema unitarista en Bolivia.

Consideraciones finales

A lo largo del presente escrito se ha podido considerar el planteamiento de la política deliberativa como un procedimiento comunicativo esencial para el orden democrático; un procedimiento cuya naturaleza argumentativa permite legitimar las normas en función a la racionalización discursiva producida en espacios públicos institucionalizados como el Parlamento. La posibilidad de una lectura procedimental de la legitimación de una racionalidad discursiva, se presenta como una valiosa herramienta hermenéutica para la comprensión de la lógica que gobierna las prácticas políticas en una época dada.

El caso deliberativo de la Asamblea Nacional Boliviana de 1871, en torno a la adopción del sistema federal o la permanencia del unitarismo como orden político permite, a partir de la racionalidad discursiva del debate registrado documentalmente, asir elementos substanciales que formaban parte de una lógica política situada históricamente que legitimaría, en última instancia, el unitarismo como base del ordenamiento legal boliviano.

La breve aproximación desarrollada podría ampliarse y profundizar en la descripción mecanismos discursivos propios al discurso parlamentario y el estudio de otros asuntos abordados en las discusiones. Asimismo, cabe mencionar la pertinencia del estudio de los espacios y mecanismos de tipo informal en la formación de la opinión pública y su interacción con ámbitos formales e institucionalizados como es el caso del Parlamento.


Bibliografía

Arguedas, Alcides (1988). Historia general de Bolivia. La Paz. Editorial Juventud.

Diaz Machicado, Porfirio (1968). Antología de la Oratoria Boliviana. La Paz. Los Amigos del Libro.

Habermas, Jürgen (2010). Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid. Trotta.

Marafioti, Roberto (2007). Parlamentos. Teoría de la argumentación y debate parlamentario. Buenos Aires. Biblos.

Mesa, José de; Gisbert, Teresa y Mesa Gisbert, Carlos D. (2007). Historia de Bolivia. La Paz. Editorial Gisbert.


[1] Lingüista. suxta@hotmail.com

[2] Jürgen Habermas. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid. Trotta. 2010. Pág. 363.

[3] Op. Cit. Pág. 372.

[4] Op. Cit. Pág. 373.

[5] Op. Cit. Pág. 374-375.

[6] Op. Cit. Pág. 382-384.

[7] Roberto Marafioti. Parlamentos. Teoría de la argumentación y debate parlamentario. Buenos Aires. Biblos. 2007. Pág. 99.

[8] La presente sección está basada en un trabajo previo titulado “Reducir los poderes. Federalismo y Argumentación Discursiva en la Convención Nacional Boliviana de 1871”. Disponible en http://eju.tv/2012/09/reducir-los-poderes/ consultado el 25 de noviembre de 2012.

[9] “Parlamentario” se entiende aquí como perteneciente al “Parlamento” que en su acepción común se define como una asamblea o cuerpo legislativo nacional compuesto por representantes electos.

[10] José de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert. Historia de Bolivia. La Paz. Editorial Gisbert. 2007. Pág. 332.

[11] Alcides Arguedas. Historia general de Bolivia. La Paz. Editorial Juventud. 1988. Pág. 293-295.

[12] En Porfirio Diaz Machicado. Antología de la Oratoria Boliviana. La Paz. Los Amigos del Libro. 1968. Pág. 49.

[13] Op. Cit. Pág. 50-51.

[14] Op. Cit. Pág. 43-44.

[15] Op. Cit. Pág. 45-46.

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